El pasado 12 de noviembre, la Comisión Europea presentó la primera estrategia de la UE para la igualdad de personas gays, bisexuales, transexuales, no binarias, intersexuales y queer (LGTBIQ). La estraregia versa sobre temas tan centrales como los delitos de odio, el derecho a la autodeterminación de las personas trans y el reconocimiento de las familias homoparentales en todos los países de la Unión.
Un logro que llega al mismo tiempo en que dos países miembros de la UE, Polonia y Hungría, avanzan de manera implacable en su tendencia homófoba, transfóbica y machista.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya advirtió sobre la deriva homófoba de Polonia en su primer discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, advirtiendo sobre el peligro que supone la creación de las denominadas «zonas libres de ideología LGTBI» por parte de autoridades regionales y locales de Polonia, afirmando que:
«Las zonas libre de LGTBIQ son zonas libres de humanidad y no tienen cabida en nuestra Unión»
Y es que, desde hace más de un año, una parte importante del territorio polaco se ha declarado «zona libre de LGTBI». Esta inmunda campaña homófoba empezó en marzo de 2019, cuando el líder del partido «Ley y Justicia», actualmente en el poder, criticó al alcalde de Varsovia por su apoyo a la comunidad LGTBI, afirmnando que ello suponía un ataque a la familia. Declaraciones a las que se sumaron las autoridades eclesiásticas: el arzobispo de Cracovia calificó la mera existencia del colectivo LGTBI como una «plaga».
En los siguientes meses, más de 80 municipios se declararon «zonas libres de LGTBI». Durante el mes de julio, el periódico conservador «Gazeta Polska» lanzó una campaña en la que regalaba pegatinas con el mensaje «zona libre de LGTBI» junto con su edición semanal, ante la negativa del gobierno central de intervenir ante la difusión de dichos materiales. La implacable ola de homofobia se ha extendido por el país hasta ocupar más de un tercio del territorio polaco.
Una campaña que tiene un objetivo clarísimo: la legitimación inmediata de las más crueles formas de violencia contra las minorías sexuales y de género. Si las propias autoridades declaran una zona como ‘libre de LGTBI’, ¿quién puede culpar a alguien que simplemente intenta implementar dicho mandato, agrediendo y discriminando a las personas LGTBI que se encuentran en dicho territorio? El Estado declara una zona ‘libre de LGTBI’, y deja en manos de la sociedad la consecución de dicho objetivo. No resulta extraño, entonces, que según el último informe de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, Polonia sea el país de la Unión con la tasa más alta de ataques físicos contra personas LGTBI. El 79% de estas personas, según el informe, evitan deliberadamente ciertas zonas para evitar ser atacadas.
Hungría se suma, por su parte, a esa medievalización de la Unión Europea iniciada por Polonia. El país centroeuropeo está gobernado por el líder ultraconservador Viktor Orban, ya conocido por sus políticas radicalmente xenófobas y racistas.
En Mayo de 2019, el Presidente del Parlamento húngaro, László Kövér, encendió la chispa homófoba al afirmar que “moralmente, no hay diferencia entre el comportamiento de un pedófilo y el de alguien que defiende el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio y a la adopción”. Poco después, diversos diputados ultraconservadores instaban a la prohibición de la Marcha del Orgullo en Budapest.
Una primera chispa de intolerancia que ha derivado en una involución legal, política y social en Hungría respecto a los derechos de las minorías sexuales y de género. El pasado mayo de 2020, el Parlamento de Hungría, en el que las fuerzas ultraconservadoras cuentan con una holgada mayoría absoluta, aprobó una ley que prohíbe a las personas trans e intersexuales modificar legalmente el género que se les asignó al nacer, obligándolas a ser identificadas con un género distinto al que se identifican.
La deriva involucionista parece no tener freno: este mismo mes de noviembre, la ministra húngara de Justicia, Judit Varga, ha presentado al Parlamento un proyecto de ley y otro de enmienda constitucional cuya aprobación vetará la adopción por parejas del mismo sexo y restringirá aún más los ya limitados derechos del colectivo LGTBI en el país. El texto de la propuesta establece, textualmente, que “la madre es mujer, el padre es varón”. Con la aprobación de esta ley, la adopción quedaría reservada únicamente a los matrimonios heterosexuales.
La ministra húngara ha defendido dicha propuesta declarando que “ las nuevas y modernas tendencias ideológicas del mundo Occidental ponen en peligro el derecho de los niños para un desarrollo sano”. Ello ocurre la misma semana en la que el Ejecutivo húngaro ha propuesto al Parlamento una reforma constitucional que establecería que los niños “deben crecer en una familia heterosexual y cristiana”.
En medio de este ofensiva ultraconservadora, un libro de cuentos se ha convertido en el símbolo de la resistencia del colectivo LGTBI en Hungría. La publicación, titulada ‘Un cuento de hadas para todos’, relata la historia de un chico de etnia gitana que se enamora de otro chico en una fiesta, así como la de una princesa que no quiere casarse con nadie. Un libro que se ha convertido en una arma de lucha: la primera edición se agotó después que una política húngara de extrema derecha rompiera sus páginas durante una rueda de prensa afirmando que se trataba de “propaganda homosexual”.
La reacción de la UE
La situación en Hungría y Polonia coloca a la UE en una posición delicada: mientras la Unión se congratula de haber aprobado su primera estrategia integral para la igualdad de las personas LGTBI, dos de sus países miembros avanzan en sentido radicalmente opuesto.
Ya en diciembre de 2019, el Parlamento Europeo adoptaba una resolución instando a Polonia a revocar las resoluciones de las autoridades locales que declaraban ‘zonas libres de LGTBI’. Los últimos acontecimientos en ambos países, sin embargo, han obligado a la UE a adoptar medidas más severas: este mismo mes de noviembre se ha pactado crear un mecanismo para suspender los fondos comunitarios a los países donde se violen o se pongan en peligro las normas del Estado de derecho. Un castigo financiero multimillonario que tiene por objetivo frenar las derivas antidemocráticas como las que se están sucediendo en Polona y Hungría. Además, estos dos paises se encuentran desde hace años, sometidos a un expediente para la posible suspensión de su derecho de voto en el Consejo de la UE, en base al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Dicho artículo contempla la posibilidad de suspender los derechos propios de los países miembros de la Unión Europea, como el derecho de voto en el Consejo, si un Estado infringe de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE: libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho.
De acuerdo con el artículo 7, a propuesta de un tercio de los países de la UE, de la Comisión o del Parlamento Europeo, el Consejo, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros, y tras la aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar que existe un riesgo claro de violación grave de los derechos fundamentales por parte de un país de la UE y presentarle recomendaciones apropiadas.
Todas las miradas se dirigen a las instituciones europeas. La Unión Europea se enfrenta al reto de poner freno a una ofensiva contraria a los derechos humanos en dos de sus Estados miembros: su éxito o fracaso en esta acometida será determinante el futuro de los derechos de las minorías en Europa.
(Imagen: https://www.abc.net.au/news/2019-07-24/polish-newspaper-distributes-lgbt-free-zone-stickers/11337568)
Triángulo rosa 