“¿Y eso va a quedar así?” Respuestas a la violencia institucional del 1 de octubre

El pasado día 1 de octubre, diferentes poblaciones catalanas fueron el escenario de uno de los episodios más brutales de violencia institucional en España durante los últimos años. Dos semanas después, muchas personas se siguen preguntando: ¿aquellas agresiones quedarán impunes? Ante la indefensión que provoca la violencia institucional, ¿qué vías legales nos protegen?

A continuación veremos qué medidas se han tomado para denunciar aquellos hechos violentos y qué vías tenemos como sociedad para evitar la impunidad de la violencia institucional.

Presentación de denuncias contra los agentes policiales

No es la primera vez que una actuación policial podría dar lugar a responsabilidades penales por la presunta comisión de varios delitos. En circunstancias normales, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado puede quedar exenta de responsabilidad penal por causa de justificación prevista en el Código Penal, conocida como ‘cumplimiento de un deber’ (artículo 20.7). Esta circunstancia excluye la responsabilidad penal cuando se ha actuado para dar cumplimiento a un deber legal, como el que puede tener la policía de impedir delitos, cumplir órdenes judiciales o mantener el orden público.

Cuando concurre esta circunstancia, una conducta que podría constituir un delito pasa a considerarse como lícita. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un agente policial deteniendo por la fuerza a una persona siguiendo una orden judicial de búsqueda y captura. En un principio, esta acción podría constituir un delito contra la libertad o incluso un delito de lesiones; No obstante, en caso de que la realice un agente de la autoridad para dar cumplimiento a un deber legal, esta conducta de detención con uso de la fuerza no daría lugar a ninguna responsabilidad penal.

No obstante, esta causa de justificación se encuentra en todo caso sujeta al principio de proporcionalidad. Para determinar si ha existido dicha proporcionalidad, hay que tener en cuenta qué mal se pretendía evitar, y si la actuación lesiva era proporcional en relación a este mal, o si había formas menos lesivas para evitarlo.

Pues bien, la actuación que llevaron a cabo los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto del referéndum del 1 de octubre ha suscitado dudas razonables sobre si esta fue o no proporcional. Nadie niega que existía una orden judicial que mandaba a la Policía detener el referéndum, pero esta orden en ningún momento marcaba los medios que debían utilizarse para impedirlo. Las lesiones – algunas de carácter grave – provocadas a cientos de personas que no habían hacer nada más que estar presentes en los puntos de votación, ¿eran proporcionales al “daño” que se pretendía evitar? Hay que recordar, en este punto, que lo que se quería impedir era la celebración de un referéndum que ni siquiera era ilegal: sólo se encontraba suspendido cautelarmente por una resolución no definitiva del Tribunal Constitucional.

La Fiscalía General del Estado ya ha manifestado que, a su juicio, la actuación policial fue del todo proporcionada, y que por tanto el Ministerio Público no tiene intención de investigar estos hechos. No obstante, esto no impide que las víctimas lleven los hechos ante un juez. De hecho, las denuncias presentadas a nivel individual por más de 130 ciudadanos, junto con la que ha presentado la Generalitat de Cataluña, han llevado a que el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ya haya abierto diligencias para investigar los hechos. El juez ha manifestado la necesidad de analizar si la actuación policial el pasado día 1 de octubre fue o no proporcionada.

De entrada, el juez hace una distinción entre la actuación de las autoridades catalanas y la de los ciudadanos que fueron a votar. Afirma que, si bien es cierto que el hecho de que la convocatoria y organización de un referéndum que estaba suspendido por el TC por parte autoridades catalanas podría implicar un delito de desobediencia, también lo es que la actuación de los ciudadanos que fueron a votar a los colegios no era ‘ilegal ni ilícita’.

La actuación de la Generalitat

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha interpuesto denuncias contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, aunque no se identifican agentes concretos. La denuncia se interpone por cinco presuntos delitos: lesiones, daños en bienes públicos y privados, delito contra los derechos individuales, coacciones y amenazas, y delito de desórdenes públicos. La Generalitat también acusa a los cuerpos policiales de vulnerar la normativa catalana que prohíbe el uso de las pelotas de goma, y ​​también apunta que la policía vulneró el orden de la magistrada del TSJC, que especificaba que se debía impedir el referéndum del 1-O, pero fijaba como límite de la actuación policial la afectación a la normal convivencia ciudadana.

Paralelamente, varias organizaciones de derechos humanos como IRIDIA o SIRECOVI han abierto un canal de denuncias donde se recomienda aportar máximo material que pueda servir como prueba.

Acusación particular y acusación popular

Si bien la Fiscalía ya ha manifestado que no está dispuesta a sacar adelante procesos penales por las cargas policiales del pasado 1-O, el Ministerio Fiscal no es la única parte que puede acusar en un juicio. El Fiscal puede decidir llevar adelante o no la acusación pública, pero independientemente de eso, las víctimas de los hechos podrán personarse en el proceso como acusación particular a través de una querella – con el fin de iniciar el procedimiento – o mediante una personación posterior, en el juez el que ya ha iniciado de oficio las diligencias. Paralelamente, se puede sumar una acusación popular, formada por organizaciones de derechos humanos u organismos públicos.

La acusación particular – formada por las víctimas – tiene el poder, por sí sola y sin necesitar para nada al Ministerio Fiscal, de llevar adelante el procedimiento, formular una acusación y llevar los agentes policiales a juicio con una petición de pena.

La eventual sentencia a la que diera lugar dicho juicio podría ser recorrida a instancias superiores – tanto si condena como si absuelve a los agentes policiales – llegando hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Para los escépticos de la justicia española, sin embargo, hay esperanza: una vez utilizados todos estos recursos internos, si no se consigue una condena en relación a los hechos del 1 de octubre, queda abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos humanos (TEDH).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Una vez se han agotado todos los mecanismos judiciales internos en España, se puede presentar una demanda contra España por vulnerar la Convención Europea de Derechos Humanos. No sería la primera vez que el Estado español debe responder ante el Tribunal de Estrasburgo en un caso de violencia institucional: concretamente, ya ha habido ocho condenas de este tribunal contra España por no haber investigado casos de torturas. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de investigar casos de violencia institucional, una obligación que emana de la prohibición de tortura recogida en el artículo 3 del Convenio Europeo.

 ¿Qué implicaría una condena del TEDH?

Todo apunta a que, si la justicia española no investiga debidamente la violencia policial ejercida el pasado 1 de octubre en Cataluña, el Tribunal de Estrasburgo podría condenar de nuevo en España. Cabe destacar, en primer lugar, que el TEDH no es un tribunal de apelación ni tiene naturaleza penal, por lo que no puede revisar una sentencia de un tribunal nacional ni puede condenar a nadie a prisión.

Sin embargo, una sentencia condenatoria de la Corte de Estrasburgo supondría, en primer lugar, una victoria judicial de una gran carga simbólica, ya que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos gozan de gran reconocimiento y credibilidad a nivel internacional. Por norma general, nadie pone en duda que un Estado ha vulnerado los derechos humanos si el TEDH así lo considera. En segundo lugar, sus sentencias suelen obligar a los Estados a pagar una indemnización a las víctimas. Finalmente, cada vez más a menudo las decisiones del Tribunal de Estrasburgo fuerzan a los Estados a modificar leyes o prácticas internas en relación al caso concreto. En relación a este último punto, podría ser interesante plantear una eventual demanda al TEDH como una herramienta de litigio estratégico para lograr cambios sociales.

En el punto de mira

Aparte de las posibles acciones judiciales, varios medios de comunicación de todo el mundo y organizaciones a nivel internacional han puesto la mirada sobre la violencia policial llevada a cabo para impedir el referéndum. Algunos ejemplos son la petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos de abrir una investigación sobre los hechos, o el demoledor informe de la influyente organización Human Rights Watch, que concluye que hubo un ‘uso excesivo de la fuerza’ por parte de la policía española el día 1 de octubre.

Las acciones judiciales y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos suelen ser una vía mucho más lenta y compleja que la acción política para proteger los derechos y las libertades fundamentales. Muchas vulneraciones de derechos humanos han quedado sin respuesta, negadas por el poder político y mediático durante mucho tiempo hasta que un tribunal o institución internacional ha reconocido la existencia. No obstante, en la mayoría de ocasiones, la espera vale la pena cuando se acaba rompiendo la impunidad y la verdad sobre las violaciones de derechos humanos va saliendo poco a poco a la luz. Es sólo entonces cuando se vislumbra una esperanza real de cambio social.

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