En defensa de la Ley de Igualdad LGTBI

(Foto: http://www.diariocritico.com)

Hoy, por primera vez en la historia, se debate en el Congreso de Diputados una Ley para la Igualdad del colectivo LGBTI. La proposición, introducida por Unidos Podemos, reconoce los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en todos los ámbitos de la sociedad. Tras la aprobación de leyes similares a nivel autonómico, esta ley pretende extender la igualdad de este colectivo a todo el Estado. Entre otros aspectos, la ley avanza en la despatologización de la transexualidad, reconociendo las identidades trans como parte de la diversidad humana y no como un trastorno o patología; adopta medidas contra el bullying homofóbico o transfóbico, obliga a las instituciones a intervenir ante situaciones de discriminación y prevé un régimen de sanciones administrativas para conductas que atenten contra los derechos del colectivo LGBTI.

Todos los partidos, incluido el PP, se comprometieron a votar a favor. Aún así, la ley no ha estado exenta de polémica.

Se ha eliminado el artículo 4 – uno de los más polémicos -, que permitía la eliminación, destrucción o incautación de publicaciones sin autorización judicial. Como bien se apuntó desde la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, esta disposición podría ser tachada de inconstitucional al ir en contra del artículo 20 de la Carta Magna, según el cual el secuestro de publicaciones y otros medios de información sólo se podrá realizar en virtud de resolución judicial.

La propuesta de ley que hoy se debate en trámite, sin embargo, mantiene las sanciones administrativas – que pueden llegar hasta 45.000 euros para actos discriminatorios contra el colectivo LGBT -. Este es el punto que más polémica está generando, ya que desde algunos sectores se apunta que las limitaciones a la libertad de expresión son competencia del poder judicial y no de un funcionario administrativo. Tal y como está redactada la Propuesta de Ley, sería la Administración y no un juez quien sancionaría ciertos ataques verbales hacia las personas LGBTI. Así, por ejemplo, una persona podría ser sancionada por un comentario homófobo en las redes sociales, y sería un funcionario quien impondría la correspondiente multa, sin que sea un juez el que pondere – en un principio – si este comentario ha sobrepasado o no la frontera que separa la libertad de expresión del discurso de odio.

Además, los críticos con esta propuesta de ley han apuntado que el discurso de odio ya está regulado en el Código Penal, el cual prevé penas de prisión para estos comportamientos. Desde este punto de vista, opinan que se estaría produciendo un solapamiento ya que dos leyes diferentes – La Ley de Igualdad LGBTI y el Código Penal – estarían castigando la misma conducta.

Finalmente, quienes critican la ley advierten de los riesgos de dejar que un funcionario decida donde termina la libertad de expresión y comienzan las conductas sancionables. Señalan que esto es competencia exclusiva de los jueces y que ignorarlo supondría una ataque a la separación de poderes.

No niego en absoluto que estos argumentos sean razonables, y los puedo llegar a compartir en cierta medida. Se puede creer que si hoy, con el objetivo de proteger al colectivo LGBT, aprobamos una ley que permite multar a ciertas formas de expresión sin la intervención de un juez, corremos el riesgo de normalizar el hecho de que un funcionario público tenga el poder de decidir sobre qué es y qué no es libertad de expresión. Si bien este riesgo existe, opino que existe un término medio entre la arbitrariedad absoluta y la desprotección de uno de los colectivos más atacados de nuestra sociedad.

Nadie con una mínima noción de actualidad negaría que hay que poner solución al número creciente de agresiones y discriminaciones contra personas LGBT que tienen lugar casi a diario en el conjunto del Estado español. Las herramientas vigentes hasta ahora – básicamente, el Código Penal – han demostrado ser ineficaces para hacer frente. a dicha situación. Si bien un proceso penal es más garantista que una sanción administrativa, también puede resultar ser un recurso inaccesible e inútil en muchos casos debido a sus costes económicos y sobre todo a que se puede alargar durante años, ante la impotencia de las víctimas. Estamos hablando de la impunidad de unos comportamientos inaceptables y destructivos con los derechos de millones de personas.

Si bien es cierto que las limitaciones a la libertad de expresión son una materia delicada, también es innegable que hay que dar respuesta a esta situación. Establecer sanciones administrativas para combatir la LGBTIfòbia no es incompatible con respetar los principios y garantías básicas de un Estado de Derecho, siempre que se haga de la manera adecuada. Hay que tener en cuenta las críticas para mejorar la ley: ante el riesgo de arbitrariedad por parte de los funcionarios públicos, es necesaria una redacción cuidadosa y precisa de las conductas sancionables y unas sanciones ya determinadas legalmente. Además, aunque sea un funcionario quien imponga las sanciones, la última palabra la sigue teniendo el Poder Judicial: toda sanción administrativa puede ser controlada por un juez a posteriori. Una persona multada en base a la Ley de Igualdad LGBTI puede recurrir ante el juez si no está de acuerdo con la sanción impuesta. Por lo tanto, al igual que en el proceso penal, la limitación a la libertad de expresión quedaría bajo control judicial. La diferencia es que, con la Ley de Igualdad, será la persona sancionada, y no la víctima, quien tendrá que esperar a la resolución del juez. Estamos hablando de proteger a la víctima sin menospreciar los derechos de la persona sancionada.

Del mismo modo que las víctimas de la LGTBIfobia en Cataluña se merecen que la ley catalana ya existente se implemente de manera efectiva, las personas LGBT que viven en el resto del Estado tienen derecho a una ley que los ampare de forma integral . Las sociedades avanzan, y sus leyes no pueden ir por detrás.

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