¿Qué es el litigio estratégico?

Aparte de dirimir intereses privados y aplicar la ley de manera automática, la justicia también puede ser un espacio de debate público donde visibilizar ciertas problemáticas sociales y buscar cambios duraderos a nivel político. Este es el objetivo de la técnica conocida como “litigio estratégico” o “litigio de interés público”.

Un caso concreto, un impacto global

Un proceso de litigio estratégico comienza con la selección de un caso con interés público, que generalmente afecta a varias personas o colectivos, con la intención de iniciar un proceso judicial que tiene como objetivo lograr un cambio social. ¿Cómo? A través de la adopción, creación o modificación de políticas públicas, de legislación o de un cambio en las conductas de las autoridades y de la sociedad en general.

Pensemos, por ejemplo, en un país donde se reprime en cierta medida el derecho fundamental a la libertad de expresión. Para abordar esta problemática, se podría seleccionar un caso concreto en que se haya reprimido la libre expresión de ideas de manera injustificada, e iniciar un procedimiento judicial en que el objetivo sea, además de defender a la víctima de esta represión en concreto, iniciar un proceso de cambios sociales y legislativos para garantizar el derecho a expresarse libremente sin temor a represalias. Unos cambios que acabarían beneficiando a toda la población.

Así pues, y a diferencia de un litigio convencional, el foco de un litigio estratégico está puesto no en una disputa entre intereses privados sino en una cuestión social más amplia. Se trata de sacar adelante un caso particular que pueda tener grandes repercusiones a nivel social y que obligue a los jueces y tribunales a revisar la acción política del Estado. Se busca cuestionar la ley aplicable y su interpretación, crear conciencia pública en torno a un tema en concreto.

¿Y eso es legítimo?

Automáticamente, sin embargo, se plantea una duda: ¿están los jueces legitimados para interferir activamente en el ámbito político? Son los tribunales el ámbito adecuado para luchar para ciertas causas sociales o para promocionar los derechos humanos?

En primer lugar, debemos tener en cuenta que la intervención judicial en asuntos considerados como “políticos” no pone en peligro el sistema democrático, sino que lo puede llegar a fortalecer. La democracia no sólo se basa en la toma de decisiones por parte de la mayoría, sino también en los derechos de las minorías. Este segundo aspecto puede salir reforzado gracias a un litigio estratégico orientado a defender los derechos de una determinada minoría social. También es una buena manera de exigir a los poderes públicos que justifiquen sus decisiones en materias que afectan a los derechos humanos, lo que no puede hacer sino mejorar la calidad democrática de una sociedad.

Una herramienta al servicio de los derechos humanos

El litigio estratégico puede actuar como un catalizador para demandas democráticas que no encuentran cabida en los sistemas tradicionales de participación política. El proceso judicial puede ser, pues, un instrumento para empoderar a colectivos vulnerables para que puedan pedir explicaciones a los poderes públicos y hacer oír sus demandas – a menudo silenciadas en el ámbito político-. Pensamos, por ejemplo, en las demandas del colectivo de personas con discapacidades.

Un proceso de litigación estratégica se puede utilizar con el objetivo de poner de relieve vulneraciones sistemáticas de derechos humanos o para exponer públicamente un caso que ejemplifica un problema social más amplio. Por ejemplo, un caso de tortura o violencia policial, enfocado de manera estratégica, puede ayudar a visibilizar una situación de vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en el sistema policial.

Un litigio estratégico a menudo busca la atención de la sociedad para crear complicidades y para intentar modificar actitudes sociales existentes. Por ejemplo, un litigio estratégico en el ámbito de los delitos de odio contra el colectivo LGBT puede ayudar a la sensibilización social respecto a esta problemática y puede dar herramientas a las potenciales víctimas a fin de hacer frente a posibles agresiones. También puede poner de relieve la falta de aplicación de legislación existente en la materia con el fin de presionar a la comunidad jurídica a aplicarla correctamente.

Preparando el litigio estratégico

Mientras que en la litigación convencional el resultado lo es todo, en un litigio estratégico la sentencia en el caso concreto toma una importancia relativa y debe tenerse en cuenta en un contexto más amplio. Una sentencia desfavorable puede servir para confirmar ciertas deficiencias en la ley o su aplicación, y por lo tanto puede ayudar a crear más conciencia sobre el problema. Pensemos por ejemplo en una sentencia desfavorable en un caso de medio ambiente que pone de relieve la necesidad de adoptar una legislación medioambiental más protectora en relación a una determinada región.

Antes de iniciar un proceso de litigio estratégico, es fundamental fijarse un objetivo y prever cuáles son los diferentes resultados que se pueden obtener. A la hora de definir el objetivo, es imprescindible tener en cuenta la percepción social sobre ese tema en concreto, las posibles dificultades en obtener pruebas, el nivel de conciencia de las víctimas o el conocimiento de la materia por parte de los jueces y tribunales.

La selección del caso concreto en un proceso de litigio estratégico es un paso fundamental: hay que tener en cuenta el mejor escenario para conseguir los objetivos estratégicos y también se debe tener en cuenta la posición de la víctima o demandante, en especial su situación socioeconómica y su capacidad de resiliencia ante un proceso que puede ser largo y agotador.

Técnicas y aliados en el proceso

Algunas técnicas pueden ayudar al éxito de un litigio estratégico. Por ejemplo, la intervención de una tercera parte en el juicio, normalmente una organización de derechos humanos especializada en aquella materia, puede ser de gran ayuda. Es lo que se llama amicus curiae (amigo de la Corte) y se trata de una figura jurídica bien establecida en algunos ámbitos como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional se ha personado a nivel internacional en varios casos relativos a los derechos de trabajadores migrantes; y ACNUR ha tomado parte en procedimientos relativos a los derechos de las personas refugiadas en varias jurisdicciones.

Por otra parte, el uso de estándares internacionales es básico en un proceso de litigación estratégica. El sistema internacional de derechos humanos, pues, se articularía no sólo como última instancia de protección a las víctimas, sino también como una fuente de principios y estándares mínimos que pueden servir para denunciar y combatir las prácticas de algunos Estados en el ámbito judicial.

El procedimiento judicial no puede funcionar como un elemento aislado en un proceso de litigio estratégico. Es imprescindible que las acciones legales vayan unidas a una campaña política que incluya movilizaciones de protesta, uso de los medios de comunicación, o colaboración con diversas organizaciones de derechos humanos. Es fundamental también contar con una estrategia económica para financiar los costes del procedimiento judicial y con una estrategia psicosocial para apoyar a todos los actores implicados, en especial las víctimas y sus familias.

Al fin y al cabo, un proceso de litigio estratégico nunca puede servir como sustituto de la acción política y los procesos institucionales. Sin embargo, puede ser una técnica imprescindible para abrir nuevas vías de participación y para poner el foco del debate social y político en temas que – por falta de visibilidad o por intereses privados – nunca se hubieran tenido en cuenta utilizando las vías tradicionales.

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