Entrevista al equipo de SIRECOVI

España tiene un problema con las torturas y malos tratos policiales. Así lo afirman numerosas organizaciones de derechos humanos, tribunales internacionales y órganos de la ONU. Ante esta problemática, El Consejo de la Abogacía Catalana ha firmado recientemente un convenio con la Universidad de Barcelona para la creación de un sistema de registro, comunicación y alerta de casos de violencia institucional a través de internet, llamado SERICOVI . Hoy publico la entrevista que hice a su equipo:

SIRECOVI es un mecanismo creado para luchar contra la violencia institucional y apoyar a las víctimas. Pero, de qué hablamos exactamente cuando nos referimos a la violencia institucional? ¿Qué tipología de casos llega a SERICOVI?

Desde el OSPDH, entendemos la noción de violencia institucional como las diferentes formas de violencia ejercidas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes, en desarrollo de sus funciones de mantenimiento de la ley y el orden. La violencia proviene de acciones directas de los funcionarios del Estado; o bien a partir de un carácter estructural o contextual que, sin suponer un dolo concreto, son resultado de la pasividad política e institucional. Básicamente, y hasta el día de hoy, están llegando casos de maltrato en personas privadas de libertad en centros penitenciarios y CIE ‘s.

Cuando llega a SERICOVI la denuncia de una víctima, ¿cuál es el primer paso a seguir?

En primer lugar, se procede a valorar la verosimilitud de la comunicación recibida. Esta comprobación es imprescindible para activar el sistema de los casos, y se hará:

  • mediante contactos y / o visitas a la víctima,
  • recepción y atención de familiares y / o amistades de la víctima
  • contacto con abogados/as, profesionales de la medicina o autoridades
    además de analizar toda la documentación sobre el caso de que se disponga

En segundo lugar, obtendremos el consentimiento de la víctima/informante para poder registrar y comunicar el caso. El consentimiento del obtendremos a través del formulario en línea o por carta, o mediante una entrevista personal.

El siguiente paso es el registro del caso. La herramienta SIRECOVI permite, registrar la situación comunicada en un fichero creado especialmente para este fin por la Universidad de Barcelona.

Después de este registro, y consentido por la víctima, el SIRECOVI inicia el proceso de comunicación y alerta enviando la noticia recibida en diversas instituciones públicas y organizaciones sociales (primero a nivel nacional y luego a nivel internacional).

El SIRECOVI seguirá el caso, las respuestas dadas por las instituciones y organizaciones, y de las acciones tomadas por las instituciones responsables en relación al caso reportado. Todas las comunicaciones y procedimientos serán documentados en el expediente del caso.

Aparte de comunicar el caso a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ¿desde SIRECOVI se ofrece algún tipo de asesoramiento legal para denunciar los hechos ante el sistema judicial español?

El SIRECOVI no constituye un mecanismo procesal, no puede ser parte ni tramitar procesos penales ni juicios. Si se considera necesario, lo que si hacemos es derivar el caso a otras organizaciones de derechos humanos que forman parte de la red del SIRECOVI que pueden ofrecer estos servicios.

Hay una clara infrautilización del derecho internacional de los derechos humanos en casos de violencia institucional. En que hay que avanzar? ¿Cuáles de estos instrumentos podrían ser útiles para luchar contra la violencia institucional en nuestro país?

Resulta evidente que la falta de información respecto a los recursos existentes, para particulares pero también por los diferentes operadores del sistema, es una de las causas de esta infrautilización, pero también hay que tener presente otras situaciones: falta de recursos, desconfianza, miedo a represalias… Todos los tratados y convenios que ha sido ratificados por España se convierten en derecho a ser invocado ante nuestros tribunales, por lo tanto, se deben conocer.

Una de las problemáticas más importantes en casos de violencia institucional es la impunidad de los responsables. ¿Qué hay detrás de esta impunidad? ¿Hay algo que falla en el sistema judicial?

La impunidad puede ser dolosa (falta de interés por investigar, necesidad de apagar fuegos que pasan por otro situación …) pero también se dan situaciones como condenas firmes que a posteriori son indultadas, condenas por delitos contra la integridad moral (cuando España si tiene regulado como hecho delictivo la tortura – Italia lo hizo hace pocos meses) delante de malos tratos claramente físicos. En estos punto no se puede olvidar la dificultad de poder demostrar estos hechos cuando los mismos suceden en situaciones de privación de libertad, la dificultad de obtener informes médicos según el protocolo de Istanbul en casos de torturas (quizá también por desconocimiento de los profesionales) , los miedos y las posibilidades de recursos de posibles testigos o de la propia víctima…

El Estado español ha sido condenado varias veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar casos de torturas. ¿En qué se traducen estas condenas? ¿Son realmente efectivas?

El problema con la ejecución de las Sentencias de un Tribunal internacional, como es el de Estrasburgo, es falta de medios coactivos para asegurar su cumplimiento. Las Sentencias “definitivas” del TEDH, además, dejan a los Estados la elección de los medios a utilizar en orden jurídico interno para cumplirlas.

No existe en España – al igual que sucede en la mayor parte de los Estados europeos – una regulación legal de la ejecución de sentencias del Tribunal de Estrasburgo, de forma que permita su encaje en el sistema judicial español a efectos de anulación instalar el acto o la resolución firmes que han causado la vulneración del derecho fundamental constatada en aquellas Sentencias. Nuestro ordenamiento jurídico procesal no prevé la ejecución por los Tribunales españoles de las Sentencias del TEDH, ni la posibilidad de revisar sentencias firmes por un pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo.

El Gobierno al recibir la notificación de la Sentencia, se encarga de la ejecución dentro de sus competencias, paga las sumas de dinero que se le han señalado con cargo al presupuesto del Ministerio de Justicia y adopta las medidas que estima necesarias para la efectividad del pronunciamiento del Tribunal. Estas medidas pueden incluir la iniciativa legislativa para promover la reforma legal que impida que en el futuro vuelvan a producirse hechos similares.

La tortura y la violencia institucional son un problema de primer orden en España, pero gran parte de la población es ajena a esta cuestión. ¿Hay una falta de sensibilización? ¿Los ciudadanos son conscientes de cuáles son sus derechos ante las fuerzas policiales?

Probablemente no. Es cierto que este tipo de situaciones sólo somos conscientes cuando la misma nos es cercana o propia. Por otra parte, en el supuesto ideal de que la población fuera consciente de sus derechos frente al Estado – y quien los representa también lo fuera -, entiendo que se haría un balance personal de compensación. Es decir, se tendrían en cuenta posibles efectos positivos y negativos de la materialización de esta denuncia.

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