Tarajal: destapando el escándalo

Un pequeño espigón separa España de Marruecos en la playa de Tarajal, cerca de la ciudad de Ceuta. Dado que una infranqueable valla de alambre de espino recorre la frontera terrestre entre los dos países, bordear el espigón a través del mar es la única alternativa para aquellos que huyen de la miseria y de las guerras. El 6 de febrero de 2014, la desesperación empuja a unas 200 personas a intentarlo.

Ante este hecho, la Guardia Civil activa el “máximo nivel de alerta” y se moviliza el grupo antidisturbios, entre otras unidades, para intentar evitar que estas personas lleguen a territorio español. Sin embargo, no se avisa ni a Salvamento Marítimo ni a la Cruz Roja, como se hace habitualmente cuando hay personas en el agua que corren peligro. No había ninguna intención de salvarlos.

Abatidos a sangre fría

Ante la supuesta amenaza que representaba este grupo de personas nadando en el mar – las cuales no iban armadas en absoluto -, la Guardia Civil prepara material antidisturbios: escopetas, escudos, cascos y botes de humo. Al ver que estas personas avanzaban, los agentes policiales comenzaron a disparar pelotas de goma, agravando la ya difícil situación de las personas que nadaban desesperadas.

El resultado: 15 personas muertas. Los supervivientes heridos, lejos de ser atendidos, fueron devueltos inmediatamente a la policía marroquí, omitiendo el proceso legal que está previsto para estos casos. Recordemos que toda persona que llega a la frontera de otro país tiene derecho, como mínimo, a ser reconocida legalmente y en que se examine su petición de entrada. Muchas de las personas que ese día intentaron llegar a nado a territorio español podrían cumplir los requisitos para ser consideradas refugiadas, y por tanto con derecho a ser acogidas en otro país. Lejos de ello, fueron abatidas por la Guardia Civil.

El máximo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado en ese momento, Jorge Fernández Díaz, no dimitió como Ministro del Interior y negó rotundamente que se hubieran disparado pelotas de goma. Las imágenes grabadas ese día, sin embargo, demuestran todo lo contrario.

Un juicio que nunca llegó a ser

Los hechos dieron lugar a la apertura de un procedimiento judicial contra los agentes implicados en los hechos. El proceso fue en parte impulsado por diversas organizaciones sociales, que se personaron como acusación popular. Se exigía una investigación exhaustiva de los hechos y la depuración de posibles responsabilidades penales.

En el proceso penal imputan 16 miembros de la Guardia Civil. En octubre de 2015, sin embargo, la juez del caso, Maria del Carmen Serván, ordena el archivo provisional de la causa. El archivo se basaba principalmente en la consideración por parte de la juez de que los agentes habían utilizado el material antidisturbios con una intención meramente “disuasoria” y con el único objetivo de detener el avance de las personas que intentaban llegar a territorio español. Serván consideró también que las víctimas no eran “personas en peligro que necesitaran ayuda según el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar”. Este Convenio obliga a prestar auxilio a cualquier persona siniestrada en el mar, independientemente de la nacionalidad o situación jurídica de tal persona, y a tratarlas con humanidad.

Adicionalmente, la juez consideró que la muerte de las personas que se ahogaron ese día frente a la playa de Tarajal fue consecuencia del “riesgo que asumieron las víctimas al entrar ilegalmente en territorio español, de noche, en avalancha humana y con vistiendo gran cantidad de ropa “. La conclusión a la que llegó Serván fue que el uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil el día de los hechos estaba legitimado por su obligación de proteger la frontera española.

No deja de ser curioso el uso de la palabra “proteger” en este contexto. El Diccionario de la Real Academia Española define este verbo como “resguardar una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro“. Uno no puede evitar preguntarse qué peligro representaban un grupo de personas desarmadas, desprotegidas y suficientemente desesperadas como para poner su vida en tan grave peligro. Pero el vocabulario utilizado en la sentencia no es en absoluto casual. El uso continuo y repetido del término “inmigrantes” pretende realizar un etiquetado de las víctimas. Así pues, se tiene más en cuenta el hecho de que eran inmigrantes que el hecho de que eran, ante todo, personas. Resulta evidente el intento de despersonalización de las víctimas a fin de justificar su matanza.

Fronteras vs. personas

No obstante, las organizaciones de derechos humanos que se personaron como acusación no se rinden e intentan ahora la reapertura del proceso judicial. Saben que una sentencia condenatoria, en este caso, es de vital importancia. Sentar a los agentes implicados en el banquillo de los acusados y declararlos penalmente responsables hubiera servido para enviar mensaje de prevención general: este tipo de actuaciones son ilegales.

No obstante, la resolución judicial da carta blanca a la Guardia Civil. Su mensaje es claro: todo vale para defender las fronteras de España y evitar que entren personas que huyen de las atrocidades, de la persecución, de la miseria. Personas que, en definitiva, molestan al gobierno. El efecto de la sentencia es, pues, todo lo contrario. Es más, la actuación de la Guardia Civil ha sido emulada en otros países, como Hungría o Bulgaria, las fuerzas de seguridad de los cuales también han actuado de manera similar contra los refugiados provenientes de Siria.

Parece que las fronteras son consideradas más valiosas y más dignas de protección que la vida humana. La pregunta del millón es, sin embargo, en qué momento comenzamos a permitir que esto fuera así. Y aún más importante: ¿hasta cuándo lo seguiremos permitiendo?

Haz clic aquí para ver el teaser del documental.

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